Una veintena de grandes afectados por el caso Madeira Invest Club, representados por el despacho de abogados Soriano i Piqueras, reclamará a Álvaro Romillo y los demás procesados por esta macroestafa unos 10 millones de euros.
El despacho, en un comunicado remitido este viernes, dice representar a «inversores con una exposición económica especialmente relevante dentro de una causa que investiga una estafa de carácter masivo y continuado y que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 4 que dirige el juez Calama».
El pasado 15 de diciembre, se conoció que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procesó al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo -que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise-, y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
En un auto al que tuvo acceso EFE, el magistrado imponía a los diez investigados una fianza solidaria que supera los 247 millones.
La plataforma Madeira Invest Club
El bufete Soriano i Piqueras explica en su nota que el procedimiento de la estafa tiene su origen en la actividad desarrollada a través de la plataforma Madeira Invest Club, «que habría captado a miles de inversores mediante un sistema de aportaciones económicas presentado como inversión alternativa, apoyado en una intensa actividad de promoción digital y en la promesa de rendimientos elevados».
Según la investigación judicial, añaden, la operativa carecía de una estructura real de inversión que permitiera generar los retornos anunciados, destinándose los fondos captados, en buena medida, a atender retiradas de otros inversores y a fines ajenos a la supuesta actividad económica ofertada.
Indica que las actuaciones judiciales han puesto de manifiesto la existencia de miles de perjudicados y un perjuicio económico global de centenas de millones de euros.
Esto, precisan, ha llevado al instructor a apreciar indiciariamente la posible comisión de delitos de estafa en modalidad de delito masa, organización criminal y blanqueo de capitales; acordándose medidas cautelares de carácter patrimonial para asegurar las eventuales responsabilidades civiles.
