El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para la transposición de la directiva europea DAC8, que establece un nuevo marco de vigilancia fiscal sobre los criptoactivos. El texto legal pasará ahora al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación parlamentaria.
La norma tiene como objetivo reforzar las obligaciones de información que deben cumplir los proveedores de servicios relacionados con criptomonedas, tanto respecto a usuarios residentes como no residentes. El Gobierno ha destacado que esta mayor transparencia fiscal se aplicará también a los criptoactivos situados en el extranjero, en un intento por evitar la evasión y mejorar la trazabilidad de estos activos digitales.
Uno de los principales cambios que introduce el proyecto de ley es la sustitución del término “moneda virtual” por “criptoactivo”, en línea con el lenguaje normativo de la Unión Europea. Además, se reconoce legalmente a las criptomonedas como bienes embargables, al mismo nivel que los fondos depositados en entidades de pago o dinero electrónico, lo que supone una actualización relevante en materia de recaudación tributaria.
El Gobierno enmarca esta medida dentro del objetivo de consolidar un marco regulatorio común en la UE sobre criptoactivos
La transposición afecta a cuatro normas clave: la Ley General Tributaria, la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la del Impuesto sobre Sociedades (y de No Residentes y Patrimonio), y la del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Asimismo, el texto incorpora criterios del Tribunal Supremo en relación con la separación entre la declaración de responsabilidad y la exigencia de pago, considerándolas como acciones diferenciadas dentro del procedimiento de recaudación.
El Gobierno enmarca esta medida dentro del objetivo de consolidar un marco regulatorio común en la UE, mejorando la cooperación fiscal entre Estados miembros y abriendo la puerta a extender la colaboración con otras jurisdicciones internacionales mediante acuerdos específicos.
Con esta iniciativa, España se adelanta en la adaptación de su legislación a los cambios normativos derivados del avance tecnológico en el ámbito financiero, especialmente en lo relativo a los activos digitales y su fiscalización.
