El juez que investiga la presunta estafa con criptomonedas de Algorithms Group, cuyo cabecilla, Javier Biosca, se suicidó en 2022, ha acordado levantar la retención cautelar que pesaba sobre el millón de euros de su fianza, lo que puede ayudar a resarcir a los afectados por la estafa.
Tras el suicidio de Biosca, en noviembre de 2022, el juez Alejandro Abascal decidió proseguir con la instrucción contra la mujer e hijo del fundador de la sociedad, que falleció al precipitarse desde el balcón del hotel Ona Valle Romano de Estepona (Málaga), en presencia de varios testigos.
Aunque declaró extinguida la responsabilidad criminal de Biosca, así como el sobreseimiento libre de la causa respecto de él, subsiste la acción civil «contra sus herederos y causahabientes».
Ahora, en una providencia fechada el pasado 3 de junio, ha acordado el alzamiento de la retención que pesaba sobre el millón de euros depositado en su día para garantizar la libertad provisional de Biosca.
Este paso es importante para canalizar posibles vías de resarcimiento económico a los afectados de Biosca
Dicha cantidad, señala la providencia, será transferida al juzgado de primera instancia nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, «a efectos de su aplicación en un procedimiento de ejecución».
Ello supone un paso importante para canalizar posibles vías de resarcimiento económico en favor de los afectados, como destaca el bufete Zaballos Abogados, que representa a la Asociación de Afectados por Inversiones con Criptomonedas.
Los delitos que se imputaban a Biosca, además de a su mujer y su hijo, son estafa, intrusismo, blanqueo, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, todo tras presuntamente captar clientes con la promesa de rentabilidades del 20 % o del 25 % semanal.
De acuerdo con las acusaciones, a partir de los primeros meses de 2020 éste comenzó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, algunos de los cuales son, a su vez, plataformas de inversión en bitcoins que invertían en la empresa atraídos por los altísimos intereses.
Las acusaciones particulares, que sostienen que la mujer y el hijo de Biosca siguen en posesión de los activos, reclaman 818,5 millones de euros de perjuicio.
