El estado de Míchigan ha dado un paso firme hacia la regulación de los activos digitales con la presentación de cuatro proyectos de ley relacionados con las criptomonedas. Las iniciativas abordan aspectos clave como la inversión pública en criptoactivos, la minería, la protección de usuarios y la postura frente a las monedas digitales de bancos centrales (CBDC).
El representante republicano Bill Schuette introdujo el 21 de mayo el proyecto de ley 4510, que busca modificar la Ley de Inversión del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos para permitir que la tesorera estatal —actualmente Rachael Eubanks— pueda invertir en criptomonedas. Estas deberán haber mantenido una capitalización de mercado promedio superior a 250 millones de dólares durante el último año calendario. En la práctica, solo Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) cumplen actualmente con ese requisito. Además, los activos deberán estar representados en productos cotizados en bolsa emitidos por compañías de inversión registradas.
Esta propuesta complementa un proyecto presentado en febrero, que autorizaba destinar hasta un 10 % del Fondo de Estabilización Presupuestaria de Míchigan a criptomonedas, lo que evidencia un creciente interés legislativo en incorporar estos activos al portafolio público del estado.
El resto de proyectos de Míchigan
Por otro lado, el representante Bryan Posthumus presentó el proyecto de ley HB 4511, una propuesta bipartidista que busca garantizar la libertad de los ciudadanos para poseer y utilizar criptomonedas sin restricciones estatales. El texto prohibiría al estado de Míchigan vetar el uso de criptomonedas o imponer requisitos de licencia a sus titulares. Asimismo, impediría que funcionarios estatales apoyen o promuevan activamente el desarrollo de una moneda digital del banco central (CBDC) emitida por el gobierno federal, definiendo dicha promoción como la publicación de declaraciones o memorandos oficiales a favor de su prueba o adopción.
Estas propuestas forman parte de un esfuerzo más amplio por posicionar a Míchigan como un estado abierto a la innovación financiera, pero con una postura crítica respecto a la posible centralización que implican las CBDC. La evolución de estas iniciativas será clave para determinar el marco normativo que regirá el uso de criptoactivos en el estado.
