El Gobierno británico ultima una profunda reforma en la supervisión del mercado cripto. A partir del 1 de enero de 2026, los exchanges que den servicio a usuarios del Reino Unido estarán obligados a registrar de forma detallada todas las operaciones relacionadas con activos digitales, incluidas compras, ventas y transferencias.
Estos datos deberán enviarse a la Agencia Tributaria del país (HMRC) a lo largo de 2027, que los utilizará para contrastar la información declarada por cada contribuyente. El objetivo es reducir las posibilidades de evasión fiscal en un sector que tradicionalmente ha sido difícil de rastrear.
La HMRC ya ha publicado las directrices que estructurarán este programa, situando a las plataformas cripto como pieza central del nuevo mecanismo de supervisión. Cada exchange deberá conservar informes completos sobre la actividad de sus clientes británicos y remitirlos directamente a la autoridad fiscal.
Según el Gobierno, los usuarios contarán con todo 2026 para asegurarse de que su documentación y registros están correctamente preparados antes del cruce de datos oficial.
Con esta reforma, el Reino Unido avanza además hacia una mayor armonización regulatoria internacional. El país adopta el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), el estándar global de la OCDE que ya aplican la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros. El propósito es limitar las áreas opacas del ecosistema cripto y reforzar la trazabilidad de las transacciones.
