Afectados por la presunta estafa piramidal de cripto de Madeira Invest, cuyo cabecilla, Álvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, ha pedido al juez instructor que Caixa Geral, el mayor banco público de Portugal, se declare responsable civil subsidiario.
En un escrito fechado el pasado 18 de marzo al que ha tenido acceso Efe, los afectados representados por el bufete Zaballos Abogados instan al juez José Luis Calama a declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad tras constatar que en una cuenta bancaria se hicieron abonos y adeudos por un importe que ronda los 150 millones de euros.
El número de asientos referentes a víctimas identificadas de la presunta estafa contenidos en dicha cuenta ascendió en 2023 a 6.266, con un importe total de 41 millones de euros, el 96,42 % de todos los abonos realizados en el año, indica el escrito, que añade que en 2024 el número de asientos fue de 12.176 por un importe superior a los 100 millones de euros.
De ahí que esta acusación entienda que la apertura de dicha cuenta «es un instrumento esencial para cometer la estafa».
El pasado mes de diciembre, el juez Calama procesó al creador de Madeira Invest, Álvaro Romillo, y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
La criptoestafa se hizo a través del portal digital de Madeira Invest
El magistrado les atribuye delitos de estafa y organización criminal, al tiempo que abrió una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales; según el juez, Romillo, conocido como «Criptospain», ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por «un ánimo de lucro ilícito».
Romillo fue detenido a finales del año pasado al descubrirse una cuenta en Singapur que recibió más de 29 millones de euros de dos empresas vinculadas a él.
El objeto de la organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba una plataforma de inversión segura y rentable.
A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.
Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 %, realizaron aportaciones económicas que se desviaron por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.
