Corea del Sur pospondrá por tercera vez la implementación de su impuesto del 20% a las ganancias de criptomonedas, extendiendo el plazo hasta el 1 de enero de 2025, según medios locales. La medida, acordada entre el gobernante Partido del Poder Popular y el Partido Democrático de Corea (DPK), será votada en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional el lunes.
Razones del retraso
- Refinamiento Regulatorio: Según Park Chan-dae, líder parlamentario del DPK, el plan fiscal necesita mayor precisión y ajustes en las regulaciones para su implementación efectiva.
- Preocupación Ciudadana: El aplazamiento refleja inquietudes sobre el impacto que podría tener el impuesto en un mercado de criptomonedas dinámico y en crecimiento.
Detalles del impuesto
- Tasa del 20%: Aplicable a las ganancias superiores a 2,5 millones de wones coreanos (aproximadamente 1.784 USD).
- Propuestas Alternativas: Anteriormente, el DPK sugirió elevar el umbral exento de impuestos a 50 millones de wones coreanos (35.714 USD), pero no se llegó a un consenso.
- Impuesto Local: Considerando un impuesto local adicional, la tasa total ascendería al 22%.
Impacto en el mercado
Corea del Sur es uno de los mercados más activos en el comercio de criptomonedas:
- Plataforma Líder: Upbit, la mayor bolsa de criptomonedas del país, es altamente regulada y atiende exclusivamente a clientes locales.
- Volumen de Transacciones: En las últimas 24 horas, Upbit registró un volumen superior a 11 mil millones de dólares, ubicándose como la quinta plataforma más importante del mundo según CoinMarketCap.
Perspectivas futuras
El retraso puede interpretarse como un intento del gobierno de equilibrar el desarrollo del sector criptográfico con una regulación adecuada. Al aplazar el impuesto, Corea del Sur busca:
- Evitar Fugas de Capital: Mitigando el impacto de regulaciones excesivamente restrictivas en su competitividad global.
- Fomentar la Innovación: Dando margen a los participantes del mercado para adaptarse a un marco más claro y definido.
La medida también podría ser una respuesta a la presión social y política en un país donde el comercio minorista de criptomonedas es masivo, y donde las decisiones regulatorias tienen un impacto inmediato en la percepción pública del gobierno y los partidos políticos.
