En una maniobra política de gran calado, los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han alcanzado un acuerdo definitivo sobre el texto de la 21st Century ROAD to Housing Act. Esta propuesta legislativa, calificada por los analistas como la reforma de vivienda más ambiciosa en una generación, incorpora una disposición de naturaleza estrictamente financiera: la prohibición explícita a la Reserva Federal (Fed) de emitir, crear o poner en circulación una moneda digital de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) destinada al público general, o cualquier activo digital «sustancialmente similar», hasta el 31 de diciembre de 2030.
La actualización y consenso en torno al proyecto de ley se oficializó por el senador Tim Scott y la senadora Elizabeth Warren desde el Comité de Banca del Senado, en coordinación con el representante French Hill y la representante Maxine Waters desde el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Este frente bipartidista y bicameral dota al proyecto de las mayorías necesarias para asegurar su aprobación final y su posterior remisión a la Casa Blanca para la firma presidencial. La inclusión de la moratoria de las CBDC refleja un compromiso en el que los sectores más críticos con la vigilancia financiera digital unen fuerzas con los defensores de una reforma estructural de la vivienda en el país.
La inclusión de la moratoria de las CBDC refleja un compromiso de los sectores más críticos con la vigilancia financiera
El núcleo central de la legislación está diseñado como un paquete masivo de estímulos y desregulación para atajar la crisis de asequibilidad y escasez de oferta residencial en los Estados Unidos. Entre sus objetivos prioritarios figura incentivar la construcción local, elevar el tope de inversión para proyectos de bienestar público por parte de los bancos del 15% al 20% e introducir cortapisas regulatorias para limitar la capacidad de los grandes fondos de inversión institucionales y propietarios corporativos de monopolizar el mercado de viviendas unifamiliares.
Para destrabar las discrepancias técnicas entre ambas cámaras, la versión definitiva incluye concesiones clave, como la introducción de una cláusula de expiración de tres años para un programa específico de ayuda por desastres (CDBG-DR), respondiendo directamente a las exigencias de supervisión presupuestaria de los legisladores de la Cámara de Representantes.
