Ejecutivos de Ripple
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha retirado todos los cargos presentados contra los altos ejecutivos de Ripple, incluyendo al CEO Brad Garlinghouse y al presidente ejecutivo Chris Larsen.
De acuerdo con un documento presentado el jueves por la tarde, ambas partes han llegado a un acuerdo para desestimar de manera voluntaria y con perjuicio los cargos de complicidad presentados contra estos dos ejecutivos, lo que implica que dichos cargos no podrán ser reinstaurados en el futuro. No obstante, la SEC continuará con sus demandas legales contra Ripple, manteniendo viva la disputa legal en curso.
Esta evolución en el caso Ripple plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la criptomoneda en el futuro y sobre las implicaciones legales y regulatorias que rodean a este innovador sector financiero.
«Tanto la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como Ripple han manifestado su intención de entablar conversaciones y deliberar acerca de la posible programación de sesiones informativas relacionadas con el asunto aún pendiente en el caso. Este asunto se centra en determinar qué medidas correctivas son adecuadas en relación con las violaciones de la Sección 5 por parte de Ripple con respecto a sus ventas institucionales de la criptomoneda XRP.
Conversaciones sobre calendario de sesiones informativas
Ambas partes, en un espíritu de cooperación, solicitan respetuosamente una extensión del plazo hasta el 9 de noviembre de 2023 para presentar al tribunal una propuesta de calendario relativo a estas sesiones informativas. Esto permitirá tiempo adicional para negociar y acordar un calendario que sea mutuamente aceptable. En caso de que no se logre un acuerdo, se solicitará al tribunal que intervenga y establezca un calendario para las sesiones informativas de manera justa y equitativa.
En respuesta a este comunicado, el director legal de Ripple, Stuart Alderoty, ha catalogado la acción como un acto de «rendición por parte de la SEC» y ha descrito la persecución de la empresa como una «absurda puesta en escena». Brad Garlinghouse, por su parte, ha expresado una opinión aún más crítica, señalando que «durante casi tres años, Chris y yo hemos sido objeto de acusaciones infundadas por parte de un regulador deshonesto con una agenda política».
Garlinghouse ha continuado, afirmando que en lugar de enfocarse en perseguir a los delincuentes que han estado desviando fondos de clientes en plataformas de intercambio en el extranjero, las cuales buscan favores políticos, la SEC ha dirigido sus esfuerzos hacia aquellos que están operando de manera legítima y ética.
Reacciones de los ejecutivos de Ripple
En respuesta a la declaración mencionada, el director legal de Ripple, Stuart Alderoty, ha caracterizado la acción como una «reconocimiento de culpabilidad por parte de la SEC» y ha representado la persecución de la compañía como una «farsa absurda». Brad Garlinghouse, por su lado, ha emitido comentarios aún más críticos, aludiendo que «durante un período que se extiende a casi tres años, Chris y yo hemos sido objeto de acusaciones infundadas por parte de un regulador que actúa de manera deshonesta y con una agenda política subyacente».
Garlinghouse ha añadido que en lugar de dedicar sus recursos a la búsqueda y persecución de los infractores que han estado defraudando a los clientes a través de intercambios de criptomonedas en el extranjero, los cuales están buscando obtener el favor político, la SEC ha dirigido sus esfuerzos hacia individuos y entidades que operan de manera legítima y ética.
Este cruce de declaraciones refleja la intensidad de las tensiones en el caso de Ripple y pone de manifiesto las profundas divergencias de opinión entre las partes implicadas. Además, destaca la complejidad y trascendencia del caso dentro del panorama de las regulaciones criptográficas y financieras.
Rechazo de apelación de la SEC
En reacción al comunicado previamente mencionado, el director legal de Ripple, Stuart Alderoty, ha calificado la medida como un «reconocimiento de culpabilidad por parte de la SEC» y ha caracterizado la persecución de la empresa como una «farsa absurda». Por su parte, Brad Garlinghouse ha manifestado opiniones aún más críticas, sosteniendo que «durante un período que abarca casi tres años, tanto Chris como yo hemos sido blanco de acusaciones infundadas por parte de un regulador que opera con deshonestidad y con una agenda política oculta».
Garlinghouse ha agregado que, en lugar de concentrar sus recursos en perseguir a aquellos delincuentes que han estado defraudando a los clientes a través de intercambios de criptomonedas en el extranjero, los cuales buscan obtener favores políticos, la SEC ha dirigido sus esfuerzos hacia individuos y entidades que operan de manera legítima y ética.
A comienzos de este mes, los tribunales rechazaron la apelación presentada por la SEC a esta decisión, al considerar que el regulador no logró establecer la existencia de una «cuestión legal fundamental», «motivos sólidos para la divergencia de opiniones» ni demostrar que una apelación inmediata podría acelerar de manera significativa la resolución final del litigio.
Este fallo judicial indica que la SEC enfrenta obstáculos significativos en su intento por revertir la decisión anterior y que la carga de la prueba para la agencia regulatoria es elevada. La falta de una «cuestión de derecho determinante» sugiere que el caso en cuestión no plantea cuestiones legales fundamentales que requieran una revisión inmediata. La ausencia de «motivos sustanciales para la diferencia de opinión» sugiere que las opiniones existentes en el caso son sólidas y no requieren de una apelación inmediata.
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