La Autoridad Bancaria Europea (EBA) fortalece su postura antilavado de dinero y la financiación del terrorismo al extender sus directrices a las empresas de criptomonedas en la Unión Europea. Esta medida, implementada a partir del 30 de diciembre de 2023, tiene como objetivo ayudar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a evaluar y mitigar los riesgos asociados con sus clientes, productos, canales de entrega y ubicaciones geográficas.
Las modificaciones de las directrices incluyen detalles sobre cómo las criptoempresas deben ajustar sus medidas antilavado, destacando la posible utilización de «herramientas de análisis de blockchain». La EBA considera que estas actualizaciones son un «importante paso adelante» en la lucha de la Unión Europea contra la delincuencia financiera, armonizando enfoques para garantizar que las criptoempresas mitiguen eficazmente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en toda la región.
Estas directrices ampliadas abordan riesgos específicos relacionados con criptomonedas y criptoempresas, ofreciendo orientación a las instituciones financieras que mantienen o prestan servicios a este sector. Además, se proporciona asesoramiento sobre la evaluación del riesgo de delitos financieros, centrándose en características que mejoran el anonimato, monederos autoalojados, plataformas descentralizadas y productos que permiten transferencias entre la empresa y dichos servicios.
Esta medida sigue a la finalización, en 2023, del Reglamento de Transferencia de Fondos (ToFR) de la UE, que regula las transferencias de criptomonedas. Las regulaciones integrales y de amplio alcance de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) también entraron en vigor en diciembre de 2023, proporcionando protecciones a los criptoinversores. Es importante destacar que los estados miembros de la UE tienen la opción de aplicar un período transitorio de 18 meses para los CASP, permitiéndoles operar sin licencia de manera opcional durante este período.
